La delegación del Organismo Naleb’ que viajó al Foro
Permanente de las Naciones Unidas, también contó con la presencia de la
socióloga María del Rosario Toj, mujer maya-kiché, que dio lectura a una declaración
que inició señalando la importancia de abordar el tema de la doctrina del descubrimiento y su repercusión duradera en los
pueblos indígenas del mundo.
“Para nosotros, la doctrina del descubrimiento está
ligada, desde la colonización de nuestros pueblos, a la expansión y voracidad
del capitalismo y al sentimiento de superioridad que unos pueblos tienen sobre
otros. Esta voracidad y sentimiento de superioridad siguen vigentes y afectan a
los pueblos indígenas en el presente, no solo en términos económicos, sino también en todos los modos de vida. En ese
sentido, las reparaciones no son solo por las experiencias nefastas del pasado
colonial amparadas en esta doctrina, sino por la aplicación de esta a través de
otras acciones en el presente”.
Toj mencionó dentro de las tantas manifestaciones de
subyugación “la imposición de sistemas jurídicos, políticos y económicos que
van erradicando los sistemas propios”.
En el caso particular de Guatemala, la representante
kiché señaló que “Se ha venido imponiendo un supuesto modelo de desarrollo que,
entre otras cosas, sigue concentrando tierras de numerosas comunidades, para
producir en función del mercado, bajo el argumento de considerar atrasados los
sistemas productivos y alimentarios de nuestros pueblos”, y resaltó los efectos de este modelo de imposición explicando: “Se
ha creado una dependencia del trabajo asalariado y de productos externos para
sobrevivir, lo cual ha violentado la soberanía y la seguridad alimentaria de
numerosos pueblos”.
De esa cuenta, dijo que en la actualidad esa
doctrina del descubrimiento también se manifiesta en la exploración y
explotación de recursos naturales ubicados en territorios indígenas, por parte
de empresas extranjeras que han obtenido numerosas concesiones de parte del Estado.
Estos procesos se han dado sin el consentimiento previo de las comunidades.”
Explicó que en más de
50 comunidades se han promovido
consultas sobre ese tema y el resultado ha sido un rotundo NO ante ese tipo de
concesiones. “Sin embargo –lamentó- estos resultados no han sido considerados
por el Estado, bajo el argumento de que no son vinculantes”.
“La falta de respuestas satisfactorias para las
comunidades ha provocado múltiples manifestaciones de descontento y
conflictividad, y lo que es peor aún: “Se ha criminalizado a las organizaciones
y a los liderazgos, y se han aumentado los niveles de conflictividad”, dijo Toj,
tras citar como ejemplos los hechos violentos suscitados en San Juan
Sacatepéquez, en el norte de El Quiché, en el área del Polochic y en el
municipio de Barillas.
Para concluir, la disertante apeló al pleno de la
asamblea del Foro Permanente y a otros órganos de las Naciones Unidas, para que
pongan atención a los casos expuestos y
a muchos otros que han sido documentados por organizaciones indígenas,
ecologistas, de derechos humanos y por instancias del mundo académico.
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