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Hasta 1952, a una mujer no le bastaba saber leer y escribir para acceder a la prerrogativa masculina del sufragio, aunque un hombre con sólo saber firmar podía hacerlo. Sin duda, el primer éxito en el que las mujeres ganaron un privilegio político fue el 21 de julio de ese año, al obtener el derecho al sufragio, cuando se instituyó el voto universal.
En la historia boliviana, tres fueron los hitos en que las mujeres adquirieron sus derechos políticos. El primero ya fue mencionado. Décadas después, el segundo hecho central se dio en dos momentos distintos y se los considera como parte de la misma victoria de los derechos de género por su similitud cualitativa (aunque con una diferencia cuantitativa). El primero fue en 1997, cuando la llamada “Ley de Cuotas” implantó el 30% de participación femenina en las listas de candidaturas a representantes en el Congreso Nacional.
Sin embargo, esto nunca se tradujo en una presencia de mujeres equivalente en las cámaras. En 2004, siete años después (y aún como parte del segundo hito) salió la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, que incorporó los criterios de “paridad y alternancia” en la conformación de listas electorales entre hombres y mujeres, y definió el 50% de participación para ambos en las listas electorales, lo que constituyó un gran adelanto en relación a todo el continente en relación a la equidad de género y siguiendo la discriminación positiva.
Por años se pensó que con tales normas era suficiente promover los derechos políticos para las mujeres. No obstante, la sociedad boliviana tiene un pensamiento patriarcal que aún no está ni cerca de ser superado, prueba de ello son las 572 denuncias de acoso y violencia política contra mujeres que atendió y dio seguimiento la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), aunque sin nunca haber obtenido un solo fallo a favor por parte de la justicia del país hasta hoy. Dichas acusaciones de hostigamiento, en general, señalan la existencia de autoridades que obligan a otras concejalas a renunciar a su cargo para ser ellos los titulares. “Jamás hubo un solo caso sancionado”, cuenta María Eugenia Rojas, directora de Acobol.
La aprobación en detalle de la propuesta coincidió con el reciente asesinato de Juana Quispe (concejala de Ancoraimes, gestora de la futura ley y hoy víctima fatal de las magistraturas consecutivas que ignoraron la norma— quien denunció sin resultados ser objeto de acoso por parte de los concejales y Alcalde de su población), que da la impresión de que si esa ley ha sido aprobada en la Cámara de Diputados y ha llegado a la de Senadores, y será eventualmente una norma estatal, no bastó con más de diez años, sino que tenía que morir una autoridad mujer.
Por otro lado, este proyecto de normativización, temporalmente, es casi inmediato a las coplas de carácter machista que cantaron en el Carnaval algunas ministras y el presidente Evo Morales, “distraídamente”. Adicionalmente, el timing también se ajustó al escandaloso comportamiento sexual de Percy Fernández, quien tocó en partes impropias precisamente a una concejala y luego a una directora de la Alcaldía de Santa Cruz.
La promulgación del Proyecto de Ley 0026, Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, para proteger del acoso y la violencia política a las mujeres candidatas, electas (alcaldesas, concejalas) y designadas (por ejemplo ministras), representará el tercer hito en la lucha de la mujer por sus derechos políticos. Es más, sólo cuando ésta sea aprobada se podrá hablar de una consolidación de las conquistas previas, en un marco en que la idiosincrasia política todavía no se resigna a ceder espacio a ese conjunto poblacional importante en el país, que requiere una representación local, departamental y nacional.
A partir de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) ya se pueden especificar cuáles son los derechos políticos de los bolivianos y bolivianas. El Capítulo III, sección II y subtítulo Derechos Políticos en el artículo 26-I se establece que “todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual o colectiva”. Éstos constituyen tales privilegios de los que no han podido gozar plenamente las mujeres. La eventual ley garantizará el ejercicio de los mismos.
Ley. La propuesta legal, aprobada en su estación en detalle la semana pasada, “crea dos nuevos tipos penales: el acoso y la violencia política contra las mujeres, para la primera falta habrá una pena de dos a cinco años, y para la segunda, de tres a ocho”, explica el presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Lucio Marca.
“Acoso político” es definido por el proyecto como: acto(s) de presión, persecución, hostigamiento o amenazas cometidos por una persona o grupo (o a través de terceros) contra mujeres (o sus familias) candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función pública con el propósito de limitar, acortar, impedir las funciones de su cargo, obligarla a hacer algo contra su voluntad o incurrir en una omisión.
Por su parte, “violencia política” supone acciones, conductas y/o agresiones físicas, psicológicas y sexuales realizadas por una persona(s) o terceros contra mujeres (o sus familias) candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función pública con el propósito de limitar, acortar, impedir las funciones de su cargo, obligarla a hacer algo o incurrir en una omisión. “Se han acuñado estas definiciones que no estaban tipificadas en ningún país de la región; en este sentido, si la norma es confirmada, Bolivia será la pionera”, dice Rojas.
Es por demás llamativo que un proyecto de ley de reivindicaciones de género haya tardado más de una década en ver la posibilidad de formar parte de la legislación (recuérdese que Acobol la presentó por primera vez en 2001). “Este planteamiento de norma fue trabajado hace mucho tiempo y nunca tuvo repercusión, sino ahora”, dice Nardi Suxo, ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
El proyecto de ley, además, especifica tres tipos de faltas gravísimas (como obligar a firmar decisiones que sean contrarias a las suyas), graves (como restringir el uso de la palabra en una sesión) y leves (asignarles tareas ajenas a sus funciones).
“Ya no podrán mandarlas a la cocina, como solían hacer”, dice con sorna Rojas. El “candado” para evitar que el acoso y violencia política den como resultado la renuncia de una autoridad, candidata, funcionaria designada o electa es la disposición final del proyecto de ley. En ésta se dice que la autoridad mujer debe renunciar personalmente sólo ante el Órgano Electoral Plurinacional. Después, éste debe investigar si la dimisión es voluntaria o bajo presión. Actualmente, hay denuncias de autoridades femeninas que fueron obligadas a firmar papeles en blanco.
Es de esperar que se promulgue la ley, sin embargo, debido a esa prolongada tardanza de años, los acosadores de la difunta concejala Quispe quedarán libres de culpa, pues, no hay ley que sea retroactiva.
No es nuevo el problema, si lo contara Bartolina
En la historia boliviana, Gregoria Apaza y Bartolina Sisa fueron las primeras mártires mujeres con nombre y apellido de una lucha política; sus predecesoras (seguro que las hubo) han quedado en el anonimato. En 1781, ambas participaron del levantamiento de Túpac Katari, que efectivamente fue violento. Luego, Sisa fue tomada prisionera por los españoles y posteriormente fue ahorcada. Una vez sofocados los remanentes de rebeldes indígenas, los españoles dieron con los cabecillas y los ejecutaron, incluyendo a sus descendientes y ascendientes. Apaza fue condenada al suplicio, fue ahorcada y desmembrada.
Muchos años después, tal vez, el ejemplo de acoso político que más se acerca a la idea que de él tenemos hoy sea el que ejerció el cura Francisco Pierini en contra de la poetisa y pedagoga Adela Zamudio, a principios del siglo XX. La escritora era defensora de la institucionalización de una educación laica, del divorcio, del voto para las mujeres y la separación de la Iglesia y el Estado. En las polémicas en la prensa escrita, Pierini se refería a ella siempre haciendo alusión a una supuesta “masculinidad” de Zamudio, en su afán de descalificar sus argumentaciones al decirse de manera irónica que se trataba de la opinión de una mujer y que no tenía la mayor importancia.
Zamudio hacía política transmitiendo sus ideales feministas en el liceo que dirigía, hasta que fue obligada a renunciar, lo cual suena demasiado familiar más de 100 años después.
El activismo de izquierda de los 60 y 70 devino en el terrorismo de Estado. El ejercicio de la violencia política en contra de mujeres fue sistemático y llegaba de parte del aparato estatal. Por dar un ejemplo, tanto Nila Heredia (ex Ministra de Salud) como Loyola Guzmán (exconstituyente) —ambas del Ejército de Liberación Nacional (ELN)— fueron perseguidas ese periodo (la especificidad de la propuesta de Ley 0062 excluiría este tipo de violencia política, protegiendo sólo a la mujeres vinculadas a la representatividad del sistema democrático).
Esta historia de luchas políticas de distintas mujeres, cada cual con sus matices y sus convicciones particulares termina en muerte, o más bien continúa en ella. De la horca a que condenaron a Bartolina Sisa parece no mediar distancia alguna con el asesinato por estrangulamiento de Juana Quispe, integrante de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas y Originarias de La Paz Bartolina Sisa.
‘La ley garantizará que no haya intimidación’: Gabriela Montaño, presidenta de la Cámara de Senadores
-Es una ley de vital importancia. La cantidad de denuncias de acoso y violencia política de candidatas, concejalas electas y autoridades designadas, que han sido encerradas y obligadas con dinamita a firmar su renuncia, es estremecedora. Esta propuesta tiene un largo transcurso y creemos que garantizará que ya no habrá intimidación; así, las mujeres podrán ejercer su función pública adecuadamente. Se ha tardado mucho tiempo, pues, los derechos de las mujeres fueron relegados hasta la llegada de la nueva Constitución.
‘Si una mujer llegaba a un cargo, lo hacía sola’: María Eugenia Rojas Valverde, directora ejecutiva de Acobol
-Esta ley fue propuesta por primera vez en 2001. El acoso y violencia política es sintomático en toda Bolivia. Por la tardanza de una norma, se puede decir que la ley se ha ido perfeccionando cada periodo. Dos veces llegó hasta el Senado y no pasó de esa instancia: en 2004 y en 2006. Esta ley será más importante que la de la cuota electoral del 50% para las mujeres, pues, las mujeres que llegaban a un cargo (en parte gracias a esa cuota) lo hacían solas y una vez ahí estaban a disposición de nuestra sociedad machista.
‘Ojalá se cumpla y no se quede en el papel’: Felipa Quispe, líder de mujeres campesinas de Bolivia
-Las “bartolinas” hemos analizado la ley. Nosotras siempre manejamos la equidad de género: mujer-hombre y hombre-mujer (chacha-warmi, en aymara). (Creemos) que hay serios problemas en los municipios, pero es la falta de orientación que es culpa de los neoliberales que han planteado las leyes mal para que así se las manipulen políticamente. De esa manera, creemos que la ley tendrá importancia, pero ojalá que se cumpla y no sólo quede escrito en el papel y luego no sirva para nada.
‘Mi familia y yo fuimos objeto de acoso político’: Nardi Suxo, ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción
-Las mujeres que hacemos política hemos sido acosadas permanentemente por la gente que no condice con lo que estamos haciendo. Personalmente, y por la tarea que realizo, que no tiene que ver sólo con el Gobierno, sino con el Estado, tanto mis hijos, mi hermano, gente allegada a mí y yo sufrimos el acoso político desde que era viceministra, y lo seguimos soportando. Incluso, una vez me sacaron una publicidad injuriosa en toda una plana del periódico, luego pidieron disculpas o negaron haber dicho nada.
‘Se crearán dos nuevas figuras penales’: Lucio Marca, presidente de la Comisión de DDHH de Diputados.
-Será una ley que permitirá implementar políticas de prevención y sanción a la persecución que se ejerza contra el uso pleno de los derechos políticos de las mujeres. Se han generado varias conductas como las nuevas figuras penales de “acoso” y “violencia política” especificándose cuáles entran dentro de la categoría. Las concejalas del área rural, sobre todo, han sido víctimas de estos actos, limitándolas o anulándolas su derecho a ejercer sus atribuciones y derechos políticos.
