Recientemente hemos
celebrado el día internacional de los pueblos indígenas sin embargo, poco hemos
reparado respecto de la participación de sus miembros en la vida política
peruana.
En el Perú, recién desde
el año 2006 por mandato de Ley de Elecciones Regionales y su modificatoria, Ley
29740, así como Ley de Elecciones Municipales, se aplica en los procesos
electorales la denominada cuota nativa, mecanismo a través del cual se exige
que en aquellas zonas donde exista presencia de comunidades nativas y pueblos
originarios, en las listas de candidatos en las elecciones regionales y locales
cuando menos el 15% de éstos provengan de representantes de dichos pueblos y
comunidades.
Esta cuota, no es otra
cosa que un mecanismo legal que pretende reducir las prácticas discriminatorias
que perjudican a sectores políticamente excluidos como las minorías étnicas y pretenden reducir la brecha de representación
social existente, para lograrlo, hace obligatoria su inclusión en las listas de
candidatos a través de un trato preferencial, generando así una discriminación positiva
en su favor.
Esta práctica legal no
necesariamente se traduce en resultados deseados, pues en las últimas elecciones
regionales y municipales del 2010, se inscribieron en total 1157 candidatos representantes
de comunidades nativas y pueblos originarios, los mismos que provenían de 13
regiones y 33 provincias, sin embargo, solo 48 de ellos lograron acceder al
cargo al cual postulaban, es decir, solo el 4.15% del total de candidatos obtuvo
éxito electoral.
Desde una perspectiva
inclusiva, la cuota pretende reducir las asimetrías existentes en el campo de
la representación social, pero un análisis crítico, a la luz de los resultados
electorales, nos revela que las intenciones quedaron en mero deseo. En este
sentido, opinamos la cuota nativa debería ser revisada y constituirse en el
peldaño que nos lleve a un siguiente nivel, nos referimos a generar una cuota no
solo de candidatos, sino una cuota de resultados o de electos, de manera tal
que con ello se asegure que un mínimo de las autoridades electas en las
circunscripciones electorales donde existan poblaciones nativas o de pueblos
originarios, pertenezcan a éstas.
Mención aparte merecen los
dieciséis partidos políticos inscritos a los cuales pertenecen como afiliados, solo
14 de las 48 autoridades nativas electas. Revisadas sus estructuras orgánicas resulta
sintomático advertir que ninguno cuenta, independientemente de su denominación,
con una Secretaría Nacional de Comunidades Nativas, lo que lamentablemente va
de la mano con su nula o escasa presencia en la mayoría de circunscripciones donde
se ha fijado la aplicación de la cuota nativa. Ejemplo negativo de ello lo
constituye el caso de la provincia de Datem del Marañón (Loreto), circunscripción
donde ningún partido político con inscripción vigente ha informado el
funcionamiento de algún comité provincial, o los casos no menos importantes de las
provincias de Condorcanqui en Amazonas, Manu en Madre de Dios y de Purus en
Ucayali, donde en cada una de éstas solo se ha reportado la presencia de un
solo partido político a través del funcionamiento de un comité provincial.
La inclusión social no se
agota con los programas sociales, si deseamos que todos los ciudadanos se
sientan representados, nos encontramos en el momento óptimo para introducir modificaciones
al sistema de cuotas representativas.
Fernando
Rodríguez Patrón
Director
del Registro de Organizaciones Políticas.
