IIDH lamenta la violencia en Panamá que atenta contra los derechos de los pueblos y comunidades indígenas

San José, Costa Rica, 13 de febrero de 2012. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos lamenta profundamente los incidentes y la violencia que recientemente afectaron a comunidades y pueblos indígenas en Panamá, a raíz de sus reclamos por la defensa y conservación de sus tierras, territorios y recursos naturales ancestrales. La construcción de megaproyectos hidroeléctricos y mineros en sus espacios culturales, al margen de la consulta y participación (libre, previa e informada) a sus habitantes originarios, no es congruente con el derecho de los derechos humanos y pone en riesgo la continuidad de su vida y existencia como pueblos específicos y diferenciados. La muerte de personas y las graves lesiones infligidas a muchas otras privadas de su libertad, son cuestiones principales de preocupación en al marco de los derechos de los pueblos indígenas que no podemos dejar pasar en IIDH.

El sistema interamericano de protección, mediante los pronunciamientos de sus órganos –la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos-, acoge y comprende la reivindicación histórica y vigente de los pueblos indígenas de las Américas. Sus estudios, casos, informes, audiencias y sentencias, elaborados durante tres décadas en la región, comprueban la tensión permanente y las relaciones desiguales entre los Estados y los 50 millones de habitantes indígenas, que con más de 400 idiomas propios pueblan las costas, montañas, ríos, lagos, bosques, desiertos, aldeas, poblados y ciudades. A lo largo de la historia, las masacres, el aislamiento, el despojo territorial y las violaciones a sus derechos individuales y colectivos, han obligado a los Estados a reconocer su responsabilidad ante la justicia internacional. Idiomas, culturas, cosmovisión espiritual, arte y derecho propio, han recobrado una nueva dimensión humana y cultural mediante la tutela y promoción de los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas.

Las lideresas indígenas enarbolan con mucha firmeza y mayor visibilidad estos sentidos e históricos reclamos colectivos en Panamá. La cacica Silvia Carrera, junto a numerosos líderes indígenas, hombres y mujeres, han empleado –como último recurso- las manifestaciones civiles ante el silencio e indiferencia por los acuerdos, leyes, sentencias y lineamientos internacionales de obligatorio acatamiento para los Estados. Por ello, IIDH llama a que prevalezcan las recomendaciones de los Relatores Especiales de los sistemas jurídicos internacionales, así como la necesaria mediación y el diálogo respetuoso de las distintas autoridades. Ahora los pueblos indígenas ven con más indignación la amenaza y riesgos inhumanos, tanto para sus derechos colectivos como para los de las sociedades del futuro, que traen consigo la explotación de la naturaleza y sus recursos -no renovables- y la penetración minera en la región. Absurdamente, se han puesto en cuestión a la vez la legitimidad y la legitimación de la reivindicación indígena por los recursos y tierras que, al fin y al cabo, con su lucha benefician los derechos humanos de la población actual y la del futuro.

Asimismo, en ese contexto, nada fácil, dada la fragilidad y escasa presencia de la institucionalidad, el Estado está obligado a garantizar la seguridad de los pueblos indígenas ante la presencia de bandas criminales que acechan con voracidad sus ricas tierras y territorios, un factor más entre los generadores de inestabilidad e inseguridad en una problemática ya de por sí preocupante.

IIDH se suma al llamado vehemente de la CIDH y de la comunidad internacional para que se respeten integralmente los derechos de los pueblos indígenas de Panamá. Se mantendrá vigilante del cumplimiento del acuerdo de reanudación del diálogo entre el Gobierno y la representación del pueblo Ngäbe Buglé, junto con las redes locales, nacionales, regionales, así como las entidades de derechos humanos y del ámbito internacional de la región.

Hoy más que nunca, en sociedades democráticas, se impone el redimensionamiento de las relaciones entre los Estados y los pueblos indígenas, con una perspectiva de desarrollo compartido, comunitario, equitativo, responsable, con visión de género, intercultural, donde todo ser humano está llamado a ser protegido y en igualdad de condiciones ante la justicia.